Parlamentarios PC y PS van al TC en defensa de la Ley de Delitos Económicos en picada contra la CPC
Y acusan que el “téngase presente” de los empresarios responde “al interés particular de los grupos económicos”.
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Una norma que resultó en mucho más trabajo del que el Tribunal Constitucional (TC) hubiera esperado resultó ser el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas y regular el ejercicio de la acción penal, respecto de los delitos contra el orden socioeconómico, pues generó –después de un buen rato, eso sí- la reacción negativa de diversos sectores como la CPC que ya ingresaron un “téngase presente” contra diversos aspectos de medida; o lo propio han hecho algunos senadores y diputados oficialistas retrucando a la postura de los gremios.
En este sentido, senadores y diputados del Partido Comunista concurrieron este lunes al Tribunal Constitucional para ingresar otro “téngase presente”, siguiendo la huella de los diputados socialistas que hicieron lo propio la semana pasada. Así, la jefa de los senadores, Claudia Pascual, el subjefe Daniel Núñez; junto a la subjefa de la bancada de Diputados y Diputadas, Alejandra Placencia, y Boris Barrera, ingresaron el documento ante el TC con el objeto de “defender la ley que endurece sanciones para los delitos económicos”.
En un texto de 16 carillas, los parlamentarios comunistas argumentan que la actualización de la legislación en el ámbito de los denominados “delitos de cuello y corbata” responde a una sensación generalizada de impunidad en la persecución y sanción de estos hechos delictivos.
Y junto con hacer una defensa del proyecto, apuntan al empresariado, señalando que “resulta del todo cuestionable la presentación que se ha hecho por la CPC, a través de sus abogados don Gabriel Zaliasnik Schilkrut y doña Constanza Hube Portus -únicos que se han expresado contrarios a la regulación de los delitos de cuello y corbata-, puesto que los temores infundados y extemporáneos hechos vía “téngase presente”, dejan claro que responden al interés particular de los grupos económicos, en donde parecen de antemano presumir que la realización de una actividad económica, trae aparejada la realización de determinados hechos que constituyen delitos”.
La senadora Pascual señaló que su partido va a defender lo realizado en términos legislativos, “pero también lo que quiere la ciudadanía, que no quiere más clases de ética para los delitos económicos”. Su par Daniel Núñez, calificó la norma como “emblemática”, por lo que esperan que el TC rechace el “téngase presente” de la CPC y que la ley sea promulgada como fue despachada del Congreso.
“Respuesta proporcionada frente a los abusos”
Asimismo, la bancada de diputados socialistas también presentó un “téngase presente” ante el organismo, que en sus 11 carillas sostiene que con “un auténtico programa de cumplimiento evidentemente será la mejor forma de prevenir la ocurrencia de delitos económicos al interior de las empresas, y naturalmente a consolidar una cultura organizacional de integridad”.
Y en defensa de la iniciativa impulsada desde la Cámara Baja, el documento añade que “en concreto, el proyecto, se hace cargo de la problemática de los delitos económicos, en relación a su desconexión con el sistema de determinación de la pena, pues resultaba necesaria una regulación autónoma, que adoptara una respuesta proporcionada frente a los abusos que conllevan estas formas de criminalidad, sobre la base de seleccionar las conductas que lesionan bienes jurídicos de importancia, y en las cuales las víctimas, con la legislación vigente, se encuentran en la más absoluta indefensión. Asimismo, sortear reglas que facilitan la impunidad e inequidad en la persecución penal en este ámbito”.
Es muy probable que los ministros del TC tengan estas y otras presentaciones en mente mañana martes, cuando deberían resolver el control preventivo de constitucionalidad del proyecto. Puesto que algo que era un mero trámite, se transformó en una tema relevante tras el “téngase presente” de la CPC y los múltiples documentos presentados por parlamentarios oficialistas y uno liderado por el senador Matías Walker (Demócratas) y suscrito por senadores DC, RN e independientes, en defensa de la normativa.